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Antecedentes de la CEDH

Proceso de creación de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja California.

El proceso de creación de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana, se inició con el oficio número 545 de la fecha 1 de agosto de 1990, mediante el cual entonces Gobernador del Estado de Baja California, Licenciado Ernesto Ruffo Appel, remitió a la H. XIII legislatura Constitucional, la Iniciativa de Ley que Crea la Procuraduría de los Derechos Humanos Y Protección Ciudadana del Estado de Baja California. La iniciativa fue turnada para su estudio a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales a cuya integración concurren diversos partidos políticos. Esta se encontraba integrada de la manera siguiente:

Presidente Diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides PAN
Vocal Diputado René Eugenio Núñez Figueroa PAN
Vocal Diputado Catalino Zavala Márquez PARM
Vocal Diputado Carlos Quiroz Miranda PPS

La Comisión solicitó opinión al respecto a diversos organismos intermedios, como los colegios profesionales y otras organizaciones civiles, con al finalidad de contar con elementos que vinieran a enriquecer la expresada iniciativa. En el proceso de análisis, se celebraron reuniones de trabajo convocadas por la Comisión de fechas 11 de diciembre de 1990, así como 9, 18 y 26 de enero de 1991.

Una vez concluido el proceso de análisis de dicha iniciativa, el día 30 de enero de 1991, se aprobó el Proyecto de Ley que crea la Procuraduría de los Derechos Humanos, mediante el Dictamen número 24.

El Dictamen fue turnado al Pleno del Congreso del Estado para su discusión, votación y aprobación en sesión celebrada el día 31 de enero de 1991. Así quedó finalmente aprobada la Ley Sobre La Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja California, mediante Decreto No 49 publicado en el Periódico Oficial de Fecha 10 de marzo de 1991.

De esta ley podemos destacar como uno de los elementos esenciales, el que dota de plena autonomía a la Procuraduría, adelantándose así en el tiempo a la adición de la Constitución Federal para que el Organismo Nacional Defensor de los Derechos Humanos contara con esa característica de ser un órgano desconcentrado del Ejecutivo Federal.

Otro aspecto que resalta es que no acota el alcance de la institución con respecto a los actos de servidores públicos del Poder Judicial, a diferencia de otras entidades, quienes solo transcriben textualmente el contenido de la adición del 102 constitucional federal.

En acatamiento a lo ordenado por esta Ley, el Gobernador del Estado, Ernesto Ruffo Appel, emitió una convocatoria pública a los bajacalifornianos para que presentaran propuestas, para ocupar el puesto de Procurador de los Derechos Humanos en el Estado. La sociedad civil organizada hizo sus propuestas.

En esa primera experiencia para nombrar al Ombudsman estatal, no fueron los aspirantes quienes directamente solicitaron su registro para participar en el proceso de selección, sino que fue precisamente la sociedad civil quien propuso nombres al Ejecutivo.

Agotado el procedimiento contenido en esa convocatoria, el Gobernador remitió al H. Congreso del Estado una terna compuesta por los ciudadanos José Luís Pérez Canchola, María Teresa Bastidas Lizárraga y Alberto Acuña Zamora.

Estos ciudadanos fueron invitados a comparecer el día 3 de abril de 1991 en sesión pública, para presentar su exposición de motivos sobre el tema de los derechos humanos y dar respuesta a diversas preguntas formuladas por los legisladores. En la misma fecha fue emitido el Dictamen que designó al Procurador de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana, recayendo este cargo en la persona del ciudadano José Luís Pérez Canchola, quien rindió Protesta de Ley, ante el Congreso del Estado, en Sesión Extraordinaria de fecha 5 de abril de 1991, para cumplir con el encargo por un periodo de tres años tal como lo marca la ley.